Morelia; Michoacán, 11 de abril de 2019.- Al considerar insuficientes los argumentos del gobierno federal para suspender el servicio en por lo menos 10 estados del país, luego de que priorizó temas administrativos por encima de la salud y el bienestar de los recién nacidos, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, solicitó al Congreso de Michoacán, exhortar al gobierno federal a regularizar el servicio, así como a la Secretaría de Salud y la Comisión de Derechos Humanos en el estado, tomar las medidas necesarias para evitar la suspensión en la entidad.
Desde el recinto legislativo, el también vicecoordinador del PAN en la entidad solicitó a los legisladores a unirse en favor de la niñez, independientemente de ideologías o partidos políticos.
«Quisiera dejar algo en claro, compañeras y compañeros, la presente propuesta de acuerdo no tiene como intención el ser un objeto de ataque y descalificación a la administración federal, necesitamos unirnos en favor de la niñez de México y aclaro nuevamente, en atacar la corrupción que pudiera estar vinculada en estos casos», expresó.
Indicó que pese a que Michoacán no se encuentra dentro de los estados donde se suspendió de manera indefinida el servicio, si existen denuncias de padres de familia a quienes les negaron la prueba, por lo que solicitó extender el exhortó a las instancias estatales de salud y Derechos Humanos.
“Con el respeto que merecen, exhortamos a la Secretaría de Salud en el Estado y a su vez a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informen a esta Soberanía, de los posibles casos que existan, en un plazo no mayor a 30 días y de las medidas que se tomarían, en el supuesto que por las razones ya expuestas, se llegase a suspender este servicio en Michoacán”, indicó.
Detalló que desde 1998 la prueba del tamiz metabólico es obligatoria y gratuita en México, la cual debe aplicarse a los niños recién nacidos durante los dos a cinco días de nacido, de no ser así, la prueba pierde significativamente efectividad en su resultado, para detectar posibles casos de discapacidad mental, inmunodeficiencias, problemas pulmonares, entre otros.
Sin embargo, pese a que durante el 2017 se detectaron mil 300 casos, entre un millón de pruebas, con lo que se redujo la tasa de mortalidad infantil en un cinco por ciento, el 26 de marzo se suspendieron los servicios, bajo argumentos administrativos de las empresas prestadoras de servicios especializados de la prueba.
“Ante esto, exigimos que se transparente la información, se investigue y de resultar cierto, se tomen las medidas necesarias, para sancionar a los posibles responsables y establecer los mecanismos regulatorios para impedir que esto vuelva a ocurrir. En esto, siempre hemos estado a favor, en combatir la corrupción, por supuesto que estamos de acuerdo y nos sumamos a que se lleguen hasta sus últimas consecuencias”, finalizó.