Cada día que pasa, me sorprende más, bueno también me indigna, la actitud y los desplantes del Auditor Superior del Estado JOSÉ LUIS LÓPEZ SALGADO y por supuesto de la Contralora del Estado SILVIA ESTRADA, quienes en el tiempo que tienen desempeñando sus respectivos puesto, no han podido lograr que el ministerio público ejerza acción penal en contra de los funcionarios públicos responsables del gran hoyo financiero del estado de Michoacán.
En otra entrega, ya comenté para ustedes, que por disposición legal, la acción de la justicia en los casos de los ex gobernadores LÁZARO CÁRDENAS BATEL y LEONEL GODOY RANGEL, no les podrá alcanzar, pues dicha acción ya prescribió, así que hayan hecho lo que hayan hecho, hayan tenido la responsabilidad en mayor o menor medida, simplemente ya la justicia no les podrá hacer nada porque en el término o plazo en que sí se les podía imputar alguna responsabilidad, ya transcurrió sin que autoridad alguna hiciera algo en su contra.
En los casos que sí se inició algún procedimiento administrativo sancionatorio en los que se podría recuperar algún dinero para el estado, el destino de tales procedimientos fue el mismo, transcurrió el tiempo y se dio la prescripción por la inactividad procesal de las dependencias responsables, como de sus funcionarios.
SE BIRLAN CASI 12 MILLONES
Solo como muestra de que teniendo la voluntad de hacer las cosas, fácilmente se encuentran las pruebas de los malos manejos de los funcionarios públicos, en esta entrega les comentaremos, con las pruebas que sustentan nuestro dicho, como en la administración del ex gobernador FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA sus funcionarios públicos, particularmente de la Secretaría de Finanzas y Administración, sin el más mínimo respeto por las leyes y los procedimientos administrativos, extraían dinero de las arcas públicas, para fines desconocidos, sin las justificaciones legales que el ejercicio del presupuesto estatal establecen.
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VALES DE CAJA
En el mes de abril del 2012, el ingeniero ROBERTO VILLA LEMÚS, en su carácter de sub secretario de finanzas, suscribe el “VALE” a la Caja de la Secretaría de Finanzas y Administración número 0965, por un monto de $7’ 500, 000. 00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
De la simple observación del “VALE” se desprende que dicho documento carece de fecha de suscripción, de la misma manera, carece del “Concepto de aplicación de los recursos”, es decir, en dicho “VALE” no se explica o detalla para qué es el dinero que está solicitando, pues dicho apartado está en blanco.
En el mismo documento, el vale de caja número 0965, se puede leer claramente que no se asignó tasa de interés a pagar, se otorgó un plazo para pagarlo de 8 meses y señala el mes de diciembre del 2012, como mes de vencimiento de dicho vale, de donde inferimos que tal documento se suscribió en el mes de abril del 2012, circunstancia que se confirma con la fecha del cheque número 0055762 de la cuenta número 114-006-20700-2, que lo fue el 20 de abril del 2012 y se expidió a nombre de MARITZA SUAZO ORTUÑO. De igual manera este documento no señala sí el dinero es un préstamo personal o porqué se le entrega a MARITZA SUAZO ORTUÑO, quien a la sazón se desempeñaba como Delegada Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Otro detalle que llama la atención, en la forma en que el suscribiente o beneficiario, debe pagar el importe recibido, pues claramente se lee en el documento que la “forma de pago” será “reintegro en efectivo”, circunstancia que no se cumplió como veremos más adelante, independientemente de que esa forma de pago es del todo irregular, a menos de que de tratare de un “préstamo personal”, empero, es más que imposible que el gobierno del estado o sus funcionarios tuvieran las facultades, para prestarle a título de “préstamo personal” siete millones y medio de pesos a uno de sus empleados o funcionarios.
OTRO “VALE” MÁS
El 9 de mayo del 2012, el ING. ROBERTO VILLA LEMÚS vuelve a gestionar ante la caja de la Secretaría de Finanzas y Administración, el “VALE” número 0983, por la cantidad de $1’ 100, 000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) documento cuyas características son similares en cuanto deficiencias que el anteriormente señalado, no se indica el concepto de aplicación de los recursos, la expedición del cheque con el importe de los recursos tiene como beneficiaria a la misma persona, es decir a la Delegada Administrativa MARITZA SUAZO ORTUÑO y el pazo para su pago es ahora de siete meses y el pago sería igual que el anterior, “Reintegro en Efectivo” con mes de vencimiento en diciembre del 2012.
Este “VALE” fue cubierto con el cheque número 095413 de banca AFIRME de fecha 11 de mayo del 2012 a cargo de la cuenta número 18740581-5 que se expidió a favor de MARITZA SUAZO ORTUÑO.
LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Tanto el “VALE” número 0965, como el “VALE” número 0983, fueron gestionados por el ingeniero ROBERTO VILLA LEMÚS en su carácter de sub secretario de finanzas y ambos documentos, a pesar de tener como requisito la firma autógrafa del entonces secretario de finanzas y administración LUIS MIRANDA CONTRERAS, éste no firmó, haciéndolo en su lugar el propio ingeniero ROBERTO VILLA LEMÚS.
Los dos “VALES” generaron la expedición de los respectivos cheques por los importes ya señalados y la beneficiaria fue la misma funcionaria, MARITZA SUAZO ORTUÑO quien se desempeñaba como delegada administrativa de la secretaría de finanzas y administración.
Para dar formalidad y legalidad a los “VALES” de marras, fueron firmados en calidad de “autorización” en primer lugar la contadora MARÍA SOLEDAD PINTO ANGUIANO en su calidad de Directora de Control del Ejercicio del Gasto, es decir, la encargada de darle suficiencia presupuestal al “VALE” y para que a su vez fuera generado el cheque correspondiente, el documento lo firmó la contadora MARCELA FIGUEROA AGUILAR en su carácter de Directora de Administración de Fondos.
INTENTAN “LEGALIZAR” EL TRINQUETE
Si la simple lectura de los “VALES” gestionados por VILLA LEMÚS y “autorizados” por MARCELA FIGUEROA AGUILAR y MARÍA SOLEDAD PINTO ANGUIANO, se desprenden graves irregularidades suficientes para una denuncia penal, la aparición del Documento de Ejecución Presupuestaria número 6738, de fecha con cargo a la UPP, Unidad Programática Presupuestaria número 07 que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración, por un importe de $11’ 971, 200.00 (ONCE MILLONES, DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), revela contundentemente que se trata de una disposición de recursos públicos muy irregular y que suspicazmente lleva a suponer la comisión de delitos del orden común en contra del patrimonio del estado, pues veamos:
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En la parte media del citado documento de ejecución presupuestaria número 6738, aparece una “nota” que dice: “EL PRESENTE DOCUMENTO ES PARA ABONAR LOS VALES NUM. 0983 Y 0965 LA CANTIDAD DE $8’600,000.00 Y 3’371,200.00 PARA DEPOSITAR A LA CUENTA Nº 030470206800502018 BANBAJIO.”
En el cuerpo de dicho documento se establece con claridad que bajo la clave presupuestaria número 120719 151 0J 000 35101 E1 160305 3005 1, se deben pagar a LEODEGARIO PEÑALOZA MALDONADO, la cantidad de ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS, por concepto de: “MTTO. Y CONSERV. DE INMUEB. P/LA PRESTAC. DE SERV. ADMTIVOS.”, aunque en la parte final del documento se precisa como “secuencia 01- “PAGO POR TRABAJOS DE IMPERMIABILIZACIÓN PROPORCIONADOR A EDIFICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO” y fue autorizado ahora sí, por el entonces secretario de finanzas y administración LUIS MIRANDA CONTRERAS, la Directora de Control del Ejercicio del Gasto, MARÍA SOLEDAD PINTO ANGUIANO y por la “Responsable del Programa” MARITZA SUAZO ORTUÑO.
LAS INTERROGANTES
En efecto, hay muchas interrogantes que no ha tenido respuesta hasta el momento, pues por el importe del documento de ejecución presupuestaria, se llega a la conclusión que se debió de tratar de un contrato de obra pública por más de 11 millones de pesos, de manera que dicho documento de ejecución, debió tener anexo la convocatoria respectiva para efectuar la licitación de la obra y por lo tanto sujeta a la ley de obra pública, por lo que de ninguna manera se pudo entregar como “anticipo” el importe de los “VALES” con un importe de $8’600,000.00 OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin embargo, no existe tal anexo.
De igual manera, no existe como anexo del documento de ejecución presupuestaria, el contrato de obra respectivo, las estimaciones de obra, el finiquito de la misma y en general toda la documentación que soporta un tramité de pago de obra pública.
Otro dato curioso lo son la fechas del trámite de dicho documento, pues los sellos de recibido de la Dirección de Programación y Presupuesto lo es el 31 de diciembre del 2012, a las 11 de la mañana y el sello de “operado” de la misma dirección de programación y presupuesto es también del 31 de diciembre del 2012, es decir, que un trámite que regularmente tarda semanas o meses, ahora se hizo en un solo día.
Finalmente, si se trataba de un contrato de obra pública como lo es la impermeabilización de edificios públicos, ¿por qué los vales y los cheques no salieron a nombre del prestador del servicio y/o titular del contrato? Y ¿de quién es la cuenta número 030470206800502018 de BANBAJÍO?
CONCLUSIÓNES
La primera conclusión es que no se necesita mucha ciencia para tratar de llegar con los responsables del hoyo financiero del estado, todo es cuestión de querer, la segunda es que la omisión de las autoridades responsables, han provocado un estado absoluto de impunidad y la tercera es que esa omisión es intencional producto de un concierto de complicidades.
Lo aquí publicado es solo una pequeñísima parte del mar de corrupción y malos manejos de la administración de FAUSTO VALLEJO Y FIGUEROA y las autoridades responsables pueden hacer suyo lo aquí publicado para proceder en consecuencia.
El más mediocre auditor, fácilmente encontraría miles de pruebas documentales para meter a la cárcel a muchísimos funcionarios públicos ladrones. Ojala “El estado se los demande”
