Morelia; Michoacán, 6 de julio de 2018.- La reforma constitucional en materia laboral aprobada en 2017, plantea diversos retos que se deberán afrontar para garantizar los derechos de los trabajadores, pues existen diversos rubros cuya interpretación es ambigua coincidieron los investigadores Vanessa de Jesús Guzmán y Eduardo Rodríguez Chávez, al impartir la conferencia “Reforma Laboral en Materia Constitucional 2017”.
Lo anterior, en el marco de la quinta sesión del Seminario “Práctica Parlamentaria”, organizado por el Instituto de Investigaciones y estudios Legislativos del Congreso del Estado (IEEL), en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su ponencia los disertantes hablaron de los retos que enfrentará el Congreso local, al tener la obligación de homologar la norma constitucional federal con la estatal, en la que se establece la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, en la cual se pondera la conciliación como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos.
Al respecto, Eduardo Rodríguez Chávez destacó que con la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero del 2017 en el Periódico Oficial de la Federación, los congresos tienen la obligación de homologar sus legislaciones con la norma federal, ejerciendo la rectoría en la materia y dejando poco margen a las entidades federativas, para que sean adecuadas a sus propias necesidades y características.
Agregó que con su aprobación, el legislador trato de equilibrar las relaciones obrero-patronales, de una manera ambiciosa pero ambigua; por un lado, protege los derechos de los trabajadores, al tiempo que cambia y se ajusta a los estándares internacionales en la materia para dar certeza a los inversionistas.
En este sentido, la mayor novedad es la creación de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. De esta forma se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita, al ser representadas por los trabajadores, la parte patronal y el gobierno. Este modelo fue rebasado por la carga excesiva de trabajo de las juntas de conciliación, que se traduce en conflictos largos y costosos, y mediante el cual, el Estado ejerce directamente mecanismos de control en materia laboral, indicó.
Por su parte, Vanessa de Jesús Guzmán refirió que el decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se deberán crear Centros de Conciliación, que deberán actuar bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad y transparencia, que estarán bajo la rectoría del Estado, y en los que se espera dirimir la mayor parte de conflictos de manera rápida, para evitar que los procesos se judicialicen.
Sin embargo, no explica que pasará con los trabajadores de las juntas de conciliación, ni con el presupuesto que deberá otorgarse al Poder Judicial para este propósito. Por lo tanto, el Congreso de Michoacán deberá estar atento a todos los aspectos de la reforma, para salvaguardar las ambigüedades y un garantizar un modelo eficaz y justo.