Morelia; Michoacán, 07 de diciembre de 2018.- Recobrar la credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones sólo se puede lograr a través de un Sistema Estatal Anticorrupción sólido, subrayó Adrián López Solís coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, quien resaltó la importancia de fortalecer al SEA a fin de garantizar su efectividad.
A participar en la Primer Jornada Nacional Anticorrupción, en el panel “Trabajo Legislativo en Torno al Combate a la Corrupción”, -en el que estuvieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política- refirió que si bien Michoacán es de los estados a nivel nacional en los que ya se encuentra en pleno funcionamiento el Sistema, no se debe dejar de reconocer y estar atentos a las problemáticas que se puedan ir suscitando con su implementación.
El legislador apuntó que el Sistema Estatal Anticorrupción requiere de una participación constante de la sociedad civil michoacana, toda vez que estamos hablando de un sistema ciudadanizado, en el que se requiere una alta participación y seguimiento de los temas.
Adrián López Solís manifestó que “el Comité de Participación Ciudadana es el órgano que funge como los ojos del Sistema por conformarse por una estructura plenamente ciudadanizada contra la corrupción, de ahí que no debe entramparse en temas burocráticos no pretender asumir funciones que le son ajenas por ley”.
Consideró como evidente el riesgo latente que puede representar la falta de capacitación de los funcionarios públicos de los órganos de control respectivos, al ser precisamente estos los encargados en sus ámbitos de competencia de investigar el manejo de los recursos públicos, “de ahí la necesidad de que todos los municipios y la administración pública Estatal, se encuentren actualizados y capacitados en sus nuevas funciones competenciales”.
Destacó el este rol el Tribunal de Justicia Administrativa dentro del Sistema, cuya función es indispensable para castigar las faltas administrativas graves en materia de corrupción tanto de particulares sean personas físicas o morales, como de servidores públicos; así como la de los Fiscales Anticorrupción que su función es perseguir los delitos relacionados con los mismos.
“La sociedad no puede dejar de creer en sus instituciones, menos en las que administran justicia, ya que dejar de hacerlo sería muy delicado, lo cual solamente se puede lograr con el restablecimiento pleno del estado de derecho, sancionado todas aquellas conductas que causen menoscabo al erario público”.
Mencionó la importancia de simplificar la integración y el funcionamiento del sistema anticorrupción, en el que puedan garantizarse mayor participación de la sociedad, para que el mismo sea efectivo.