Morelia; Michoacán, 05 de febrero de 2019.- Siendo una prioridad del Congreso del Estado, la consolidación de un nuevo modelo de justicia para los michoacanos, este martes los integrantes de la Comisión de Justicia, dieron su aval para presentar ante el Pleno de la LXXIV Legislatura, la propuesta final de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Integradas las diversas propuestas de los grupos parlamentarios que convergen en este Poder Legislativo, los diputados Antonio Salas Valencia, Araceli Saucedo Reyes, Fermín Bernabé Bahena y Ernesto Núñez Aguilar, integrantes de la Comisión de Justicia, dieron su voto a favor del dictamen que contiene dicha propuesta de ley.
En este sentido, Antonio Salas Valencia en su calidad de presidente de la Comisión, celebró la construcción de una sola propuesta, a partir de las diversas iniciativas que arribaron al Congreso local, tanto de diputados como de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera y posterior a un profundo análisis, se establece que la Fiscalía General del Estado, quedará como un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión, a través de la cual ejercerá sus facultades el Ministerio Público en el Estado y que estará a cargo de un Fiscal General.
Además, el Fiscal habrá de crear una estrategia de atención y trámite a través del análisis de la incidencia delictiva, de estadísticas sobre la percepción de violencia en la ciudadanía; análisis de información y diagnósticos elaborados por organizaciones civiles e informes sobre la situación de las víctimas del delito, debiendo informar de manera anual al Congreso del Estado sobre los avances y los retos de la institución a su cargo.
Esta Fiscalía, contará con áreas especializadas para la atención de delitos de alto impacto; de violencia familiar y de género; de delitos relacionados con hechos de corrupción; además de una unidad especializada en el combate al secuestro; un centro de mecanismos alternativos de solución de controversias; una agencia de inteligencia criminal, entre otras áreas de suma importancia para garantizar una impartición de justicia más eficaz en pro de los michoacanos.
Asimismo, se crea el Consejo Ciudadano, el cual estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de ciudadanos electos a través de una convocatoria pública, en donde el Congreso del Estado tendrá la facultad de seleccionarlos con una duración en su cargo de cinco años improrrogables.
Cabe señalar que posterior a su aprobación en el Pleno del Poder Legislativo, se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, por lo que todas las facultades, derechos y obligaciones correspondientes a la Procuraduría o al Procurador, se entenderán referidas a la nueva Fiscalía y al Fiscal General del Estado.