Morelia, Mich.- 01 de octubre del 2017.- A través de la agenda legislativa que impulsa el Frente Ciudadano por Michoacán, al interior de la LXXIII Legislatura Local se busca dictaminar la iniciativa mediante la cual se le retira el fuero a todos los servidores públicos del Estado para ser iguales ante la Ley, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Manuel López Meléndez.
Con los integrantes del Frente Ciudadano por Michoacán afirmó se tienen objetivos comunes y uno de ellos es atender al reclamo social que entiende la figura jurídica del fuero como sinónimo de impunidad para los servidores públicos debido al mal uso que por años se le dio, por lo que recordó que por parte del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIII Legislatura Local, el diputado Pascual Sigala Páez, planteó su eliminación y reformas a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado y a la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado.
Resaltó que varios estados del país han estado legislando sobre la eliminación de la inmunidad procesal de la que gozan servidores públicos, por lo que eliminar el fuero es fundamental para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad.
Con la eliminación del fuero, resaltó que se contribuiría en Michoacán a fortalecer la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, la cero tolerancia a la corrupción y el deseo de que no exista impunidad en nuestro estado.
Manuel López explicó que con la eliminación del fuero se podrá sancionar a los servidores públicos que han cometido excesos y han abusado del uso de la figura del fuero, con lo que se abona a fortalecer el equilibrio entre poderes y fundamentalmente atender un reclamo social que ha prevalecido en el estado y país por años.
Por ello, destacó que es una prioridad eliminar el fuero constitucional, para que ningún funcionario público o representante popular goce de más privilegios que la ciudadanía y evitar con ello abusos.
El fuero, añadió, se entiende como sinónimo de impunidad para los servidores públicos, además de que han existido abusos de este instrumento jurídico, que ha derivado en una creciente insatisfacción social al considerarlo como un mecanismo jurídico que ampara corrupción, impunidad y prepotencia por parte de quienes lo detentan, y que les ayuda a actuar más allá de la ley con la protección que la propia Constitución les otorga.
