Morelia; Michoacán, 30 de enero de 2019.- Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la LXXIV Legislatura, advirtió que los gobiernos Federal y Estatal deben aplicar el Estado de Derecho en Michoacán, ante las afectaciones a ciudadanos que provocan las protestas magisteriales.
Estrada Cárdenas dijo lo anterior en el marco de la entrega de un amparo en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que hicieron integrantes del GPPAN en contra de los gobiernos Federal y Estatal, para que ambos niveles de gobierno apliquen la Ley a favor de los michoacanos.
«Es urgente que el presidente Andrés Manuel López y el gobernador Silvano Aureoles se decidan a aplicar la Ley. Ambos juraron cumplir con la Constitución y las leyes vigentes, por lo que también son responsables de las graves afectaciones que han provocado los bloqueos de la CNTE en Michoacán», dijo.
El coordinador de los legisladores del PAN advirtió que el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que «Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen».
«El Grupo Parlamentario del PAN ha acudido al Poder Judicial de la Federación, para que a través de su autonomía se logre aplicar el Estado de Derecho en Michoacán, donde miles de niños se encuentran sin clases y el desarrollo económico estatal se ha detenido», señaló.
Javier Estrada apuntó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece sanciones para quien, en ejercicio de las funciones públicas, sea omiso cuando tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, como en el caso del bloqueo de las vías férreas en la entidad.
«El artículo 222 del Código precisa que quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes», explicó el legislador michoacano.