Morelia, Michoacán, 04 de septiembre de 2020. El fortalecimiento normativo de la responsabilidad fiscalizadora en Michoacán, ha sido el eje central del trabajo realizado por la diputada Miriam Tinoco Soto durante el segundo año de labores en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Con la convicción de que la tarea pública debe estar sujeta a la rendición de cuentas y a una fiscalización eficaz y efectiva sobre el manejo de los recursos públicos, la legisladora se enfocó en el estudio de las lagunas legislativas que no abonan a que los proceso de fiscalización fluyan de manera debida, a fin de generar las propuestas e iniciativas pertinentes para el fortalecimiento de las normas en la materia.
Una de las tareas prioritarias y que contó con el respaldo del Pleno del Congreso para su aprobación, fue reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado con la intención de dar claridad a la cadena procesal del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las secretarías y órganos internos de control.
Reconociendo que la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción es la ruta correcta que ha seguido el Estado Mexicano, al construir un sistema que permita un proceso que lleve por sí mismo a judicializar las faltas graves o de particulares, que permita que las resoluciones a los casos ya nos sean investigadas y dictadas por una sola autoridad, construyendo una red de unidades administrativas en materia de responsabilidades.
Tras un estudio minucioso de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, propuso su modificación para garantizar la efectividad de la norma como pieza fundamental del combate a la corrupción, dotando de la claridad debida a la etapa de substanciación de los procesos, dotándolos de la temporalidad razonable para su viabilidad.
En la misma ruta, Miriam Tinoco propuso reformar la Constitución Política del Estado, así como la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para dotar de autonomía a la Auditoría Superior de Michoacán para la elaboración del Plan Anual de Fiscalización.
En ese sentido recordó que la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior de Michoacán adquiere tal relevancia que, no basta con que esté plasmada en el texto constitucional, sino que debe ser efectiva y materializada en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.