Morelia, Michoacán, 09 de enero de 2020. En Michoacán se castigará penalmente y exigirá la reparación de daño a quienes cambien el uso del suelo forestal, construyan o lleven a cabo obras que alteren los recintos contemplados en el Sistema Estatal de Áreas Naturales de la entidad, advirtió el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar.
Lo anterior, toda vez que su propuesta de reforma al Código Penal del Estado, presentada en abril del 2019, ya fue aprobada por las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, cumpliendo así Ernesto Núñez nuevamente con su compromiso de robustecer el marco legal en materia ambiental.
Actualmente, la entidad cuenta con el Sistema Estatal de Áreas para la Preservación del Patrimonio Natural, el cual alcanza una superficie total de más de sesenta y siete mil hectáreas, sin embargo y pese a la existencia de instrumentos legales decretados en el estado, siguen cometiéndose faltas a sus disposiciones, es decir, no son suficientes para lograr el respeto a tan importantes zonas.
De ahí que el legislador del Partido Verde propusiera añadir un apartado más al artículo 302 del Código Penal del Estado para que se realicen cambios al uso del suelo forestal, construya o lleve a cabo obras de tipo civil contrarias a las establecidas en los decretos o programas de manejo de las áreas que conforman el sistema estatal de áreas para la conservación del patrimonio natural.
“Las áreas naturales protegidas sirven como zonas de conservación y cumplen varios objetivos, ya que proporcionan beneficios para habitantes de poblaciones aledañas, por ello resulta necesario que, además de castigar por la vía civil o administrativa, se sancione en materia penal y se exija la reparación del daño en ese tipo de situaciones”, expresó Núñez Aguilar.
Por ello que, una vez retomado el segundo periodo ordinario de sesiones espera la voluntad y anuencia del resto de diputados que integran la LXXIV Legislatura para que esta nueva disposición legal en materia ambiental sea una realidad en Michoacán, a fin de mantener en óptimas condiciones las zonas ecológicas estatales.