Hoy día se hace imprescindible dotar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de las herramientas necesarias para la protección efectiva de las víctimas y de las personas afectadas por la violencia familiar, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado del Distrito de Hidalgo, presentó este día ante el Pleno Legislativo una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado que busca hacer justicia a quienes sufren de violencia familiar.
“La intención es ampliar el ámbito de competencias del tipo penal denominado violencia familiar, para que no quede impune esta conducta que tanto lacera el tejido social de nuestro estado”.
La propuesta de reforma busca vigilar y castigar con mayor precisión este delito, cuando sea cometido por personas que se encargan del cuidado de adultos mayores, menores de edad y personas en estado con discapacidad mental, aún y cuando no los unan lazos familiares, como el caso de trabajadores de centros educativos e instituciones.
“Daremos certeza jurídica a las víctimas y también obligaremos a los probables responsables a someterse a tratamiento psicológico que les obligue a una adecuada rehabilitación, buscando evitar la reincidencia en la comisión de los delitos relacionados con violencia familiar”.
Tony Martínez Soto recalcó que la iniciativa pone especial énfasis en las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, para que en el caso que sean víctimas de violencia familiar, las leyes y las autoridades procuradoras de justicia, les brinden la máxima protección y cobijo.
“Legislar para erradicar la violencia familiar y buscar que las víctimas de este delito cuenten con el respaldo de la representación social y de las autoridades judiciales, es una lucha histórica de la sociedad civil, lucha que acompañamos, lucha con la que nos solidarizamos en nuestro Grupo Parlamentario”.
Finalmente el legislador perredista apuntó que con esta iniciativa, se cristaliza el compromiso social de defender los derechos de la familia sin prejuzgarla o encasillarla, garantizando la integridad y sobre todo la protección de las víctimas de este delito.