En México existe un marco normativo federal que obliga a las Entidades de la República a simular sobre su situación financiera para no ser observadas o sujetas a responsabilidades por incumplimiento de la Ley, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
De manera específica el legislador de extracción perredista se refirió a las leyes que mandatan que los estados no deberán aprobar presupuestos deficitarios, es decir, que no programen lo que no tienen.
“En lo formal vemos que se aprueban presupuestos sin déficit, aunque la realidad es otra, ya que la compleja situación financiera de estados como Michoacán ven avasallar aquello que se planifica, programa y planea al inicio de año”.
Un ejemplo claro de esta problemática es lo que ocurre en el sector educativo del Estado de Michoacán, en donde los recursos proyectados en el Presupuesto de Egresos para la educación se ven rebasados por mucho frente a las necesidades, exigencias y demandas que existen.
El legislador por el Distrito de Hidalgo dijo “dotar al sector educativo de suficiencia presupuestal implica comprometer la viabilidad del resto de los sectores y áreas del estado, por lo que al rato los veremos salir a la calle para demandar trato equitativo y suficiencia de recursos”.
Por ello el plantear la federalización de la nómina educativa para la educación básica no era un capricho ni una ocurrencia por parte de la administración estatal, sino una salida viable para que el estado no colapse y pueda tener viabilidad, sostuvo Tony Martínez.
Refirió que Michoacán nunca tuvo una respuesta de fondo al planteamiento que formuló, y se optó simular desde la federación apoyos a través del adelanto de participaciones federales que en los meses subsecuentes harán crisis cuando se requiera de ellas tal y como estaban programadas.
“Mientas las leyes federales obligan simulación en la aprobación de los presupuestos estatales frente a estas adversas realidades, no establecen mecanismos que obliguen a la Federación a dar una respuesta adecuada y efectiva a problemas financieros que enfrentan las entidades federativas, todo se queda a nivel de la voluntad política de la administración en turno”.
Apuntó que el conflicto es mayúsculo si se toma en cuenta que para este año aún se requieren tres mil 500 millones de pesos para resolver el problema educativo, y echar mano de recursos presupuestales implica abandonar otros sectores, “lo que orilla a la necesidad de un rescate financiero para Michoacán tal y como lo ha esbozado el Ejecutivo Estatal”.