FEDERALISMO Y DEMOCRACIA EN RIESGO.
Etelberto Cruz Loeza
COMO TODA EDIFICACIÓN HUMANA, LA DEMOCRACIA PUEDE FORTALECERSE, REBLANDECERSE E INCLUSO PUEDE DESAPARECER PARA DAR PASO A FÓRMULAS AUTORITARIAS. JOSÉ WOLDENBERG.
Independientemente de los actuales escenarios y circunstancias nacionales, nuestro sistema político federalista y nuestras estructuras y prácticas democráticas están en riesgo…por ambiciones políticas de una persona visible, y de un grupo no tan oculto.
El resorte impulsor es Jaime Bonilla, gobernador electo por ciudadanos de Baja California. Muy en contra del deseo y de la intención, del gobernador electo, su constitucional periodo gubernamental será por 2 años, aunque él y su equipo actuaron jurídicamente – agotando todas las vías y niveles jurídicos, para que se modificara dicho lapso de tiempo y fuera por 5 años- , las instituciones electorales federales le negaron sus promociones y así, con la ratificación de que el periodo gubernamental sería por 2 años, acudieron a las urnas el primer domingo de julio anteriores y aunque el porcentaje que votó en las urnas no rebasó el 22% del padrón estatal, Jaime Bonilla resultó triunfador. Pero no se resignó.
En sesión extraordinaria, y secreta, en Rosarito, 21 de 25 diputados locales de la XXII legislatura –plural y cuyo periodo terminaba – y terminó – el 31 de julio del presente año -, votaron porque Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el 1° de noviembre, extendiera su mandato de 2 a 5 años y pese y contra el descontento, el H. Congreso local, el 23 de julio, emitió la declaración de ampliación de mandato. (Se dice, pues ellos mismos, los ahora ex diputados, se encargaron de difundirlo, que les pagaron en millones de dólares por el voto y hasta les ofrecieron trabajo en la nueva administración).
Ahora bien, para que ese decreto de reforma constitucional tenga validez y sea ley debe ser publicada en el diario oficial del gobierno de Baja California, mas toda la documentación no le ha sido turnada al Ejecutivo – ¡dijeron que no la encontraban, razón por la cual no tiene carácter de ley, mas, la nueva Legislatura – la XXIII, con mayoría MoReNista – puede publicarla. No lo ha hecho, pero se supone que lo hará en horas muertas, críticas, entre el 30 y 31 de octubre, previa a la protesta y toma de posesión de Bonilla Valdez.
Jaime Bonilla Valdez y su equipo de juristas y políticos saben que las instituciones electorales del país – INE y TEPJF, más la opinión pública, analistas, investigadores, comentaristas y protagonistas políticos – ya le señalaron lo inconstitucional de ese movimiento, sin embargo, él sigue en su afán autoritario.
Se especula – pura conjetura pues no existen evidencias – que tiene asesoría de personas de muy, muy, muy arriba, pues son muy amigos y aunque AMLO afirmó que él no está atrás de ese asunto y que, además, es una determinación de Baja California, de la que será muy respetable, es verdaderamente incongruente por su perfil político y concepción centrista, absoluta y omnímoda del poder, que sea ajeno y más, sabiendo que en política nacional, no se mueve una hoja en el país, si no se tiene anuencia del presidente de la República.
El martes 15 del presente, en el sermón mañanero de palacio nacional, el titular del Ejecutivo afirmó que es una chicanada sin lugar a dudas. Al momento en que se publique la ley, se va a poder impugnar. Y coincidencia, que no existen en política, esa tarde apareció y seguramente se publicó este viernes pasado.
Sin consultar ni utilizar los recursos del organismo electoral de ese estado, ni el INE, la nueva legislatura – la XXIII, con mayoría MoReNista – acordó efectuar el 13 del presente una consulta pública para conocer la decisión del electorado bajacaliforniano, mas, ni el 14 ni días posteriores se informó cuántos electores participaron, cuántas boletas se utilizaron y cuántas casillas se instalaron, ni qué padrón utilizarían. Nada, mas sí informó que el 69% que acudió a las runas quiere que Bonilla sea gobernador por 5 años. De sobra está señalar que esa consulta es atípica e ilegal y NO ES VINCULATORIA, pero, fue organizada por un poder público representativo, el legislativo.
Jaime Bonilla afirma: como el Congreso la votó, es una decisión de un congreso soberano que no está violando la constitución federal, porque no se está excediendo de 6 años. El INE no tiene la calidad moral: en ocasiones anteriores se ha prestado a fraudes electorales y porque nunca han sido votados por la gente. La ciudadanía es la que decide. A pesar de las críticas, en los hechos así debería funcionar siempre el gobierno y también el congreso: consultándole a los ciudadanos y no seguir políticas de dictadores (¿?).
Lo cierto es que la Ley Bonilla viola los artículos 13, 14 y 105 de la constitución federal que prohíbe leyes privativas, la aplicación retroactiva de las normas y la modificación de reglas electorales durante el proceso electoral.
¿Coincidencia que las impugnaciones lleguen a la Suprema Corte de Justicia cuando las tendencias de los Ministros están casi, casi, hacia AMLO=Bonilla? ¿La exministra Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de gobernación, estará atrás de esta chicanada legal de la Suprema Corte y permitirá este atropello a nuestras prácticas democráticas y federalismo?