2 PUNTOS 2
Etelberto Cruz Loeza.
EL CORAZÓN DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO ES EL CONTROL QUE TIENE LA PRESIDENCIA SOBRE EL PRI, Y LA FUERZA QUE EL PRI LE DA A LA PRESIDENCIA. CAMBIO SIN RUPTURA. MANUEL CAMACHO SOLÍS.
Desde mi personal visión, y percepción, el titular del Ejecutivo federal, Don Andrés Manuel López Obrador, tiene oculto miedo, no temor: perder el control de las H. Cámaras de Diputados (y Senadores). Si lo pierde, estará en riesgo su proyecto de la 4T. Todo se irá a su rancho de Palenque, por la muy simple razón, para fraseando las palabras del Manuel Camacho Solís, que están en el epígrafe: PERDERÍA EL CONTROL DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS Y, SIN SU CONTROL, PERDERÍA FUERZA SU PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Razón por la cual está en permanente campaña y hace todo lo posible por seguir siempre en los Medios de comunicación.
Hace casi un mes, sabiendo que violaba la ley – artículos 41° y 134° constitucionales y todo el encaje legal electoral – en giras por Baja California, afirmó: tengo noticias…por los periódicos, por la prensa escrita, por las redes sociales, que están buscando una alianza el PRI y el PAN; imagínense eso. Realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país…Hace muchos años dije que eran lo mismo el PRI y el PAN; que eran el PRIAN. Todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte…que estaba yo inventando…Se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. imagínense la dicha tan enorme que me produce el tener la razón histórica.
Y no tardó demasiado por la reacción opositora: la comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral recibió diversas solicitudes por parte de los partidos de la Revolución Democrática, de Acción Nacional y de 12 diputados federales, para dictar medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto, atribuibles al presidente da la República.
Y el órgano autónomo, por medio de su Comisión de Quejas y Denuncias, determinó que, las declaraciones del presidente de la República, que se dieron ya dentro del desarrollo del proceso electoral 2020-2021, incluyeron elementos de información de índole electoral que pueden afectar la equidad o influir en las preferencias de la ciudadanía en los comicios federales y locales del 2021, por lo que declaró procedente las medidas preventivas para que el presidente de la República se abstenga de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.
Y el presidente de la República se inconformó vía jurídica ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como su pecho no es bodega, también lo hizo en sus Sermones Mañaneros, afirmando que impugnaría esa resolución=medidas cautelares, afirmando que, como ciudadano, tenía derechos y que pelearía ese derecho.
Ciertamente, el titular del Ejecutivo federal es un ciudadano, y tiene derechos, pero es un ciudadano muy singular: si bien tiene derechos, facultades y atribuciones constitucionales – y metaconstitucionales -, también tiene obligaciones. Su actuar como presidente de la República está normado por la Constitución y leyes que tiene la obligación de tutelar, cumplir y hacer cumplir, específicamente las contenidas de los artículos 41° y 134° Constitucionales, en letra y espíritu. Y es el primero que los viola.
Curiosamente, si bien el Tribunal suspendió las medidas cautelares, porque el INE carecía de facultades para fijarlas y eran acciones probables en situaciones también probables, sí recomendó al presidente da la República que se mantuviera neutral y respetara la ley para mantener la equidad e imparcialidad en la contienda.
Con esta resolución, se repitió la situación jurídica de la validación de la elección de 2006: la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación – el dictamen de Leopoldo González -: El Alto Tribunal tuvo pruebas del ilegal proceder del presidente de la República, Vicente Fox – Martha Sahagún, su esposa, que actuó en el convencimiento de los magistrados -, no era funcionaria pública -. Sí existió el delito. Lo que no existía en la legislación, era la pena a imponer.
Esa laguna jurídica aun existe y debe subsanarse.
Si el presidente de la República, específicamente, y/o cualquier funcionario, viola la Constitución y leyes electorales, y, particularmente, rompe los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral, debe revocársele el mandato.
Así, simple y llanamente.
Lo que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabiendo que no existe pena que lo castigue, fue impune abuso de Poder.
Lo que es peor y grave: Eso es corrupción e impunidad desde la presidencia de la República. Lo que prometió desterrar y barrer como escalera, desde arriba.