En México es necesario ahondar la discusión sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, tema que generalmente no se aborda debido a los prejuicios y tabúes que existen sobre tal oficio, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Al conmemorarse este dos de junio el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, la legisladora por el Distrito de Pátzcuaro, recordó que tal fecha se conmemora desde 1976 como un espacio de reflexión sobre la discriminación que padecen quienes ejercen esta labor, así como las violaciones constantes a sus derechos.
Refirió que la organización Brigada Callejera en apoyo a la mujer “Elisa Martínez”, A.C., reportó en 2018 un total de 90 feminicidios en México de trabajadoras sexuales, mismos que se mantienen invisibilizados.
Saucedo Reyes apuntó que el 83.3 por ciento de las mujeres inmersas en el trabajo sexual iniciaron cuando tenían menos de 16 años de edad, según datos de la organización Comisión Unidos vs trata A.C.
“En los últimos años en México, la discusión sobre los derechos de las trabajadoras sexuales ha sido intenso y polémico, por estar vinculado este oficio íntimamente con el delito de la trata de personas”.
La legisladora recordó que la inseguridad es uno de los mayores problemas que enfrentan las trabajadoras sexuales ya que carecen de protección jurídica que inhiba los abusos y violaciones en su contra, sobre todo de las autoridades bajo el argumento del combate a la trata de personas.
“Desde la sociedad civil vemos esfuerzos para velar por el respeto a sus derechos, en Michoacán tenemos ejemplos como el de la organización Las Tarascas, pero es necesario que también las autoridades y los representantes populares asumamos el papel que nos corresponde para atender esta situación”.
Refirió que en investigaciones realizadas por la UNAM, como la denominada “Prostitución, una visión desde los Derechos Humanos”; se apunta que actualmente, las personas que ejercen la prostitución sufren violencia institucional por parte de la policía y de las distintas instituciones públicas, en el ámbito administrativo y desde el Poder Judicial hasta el sistema de salud.
“Estas personas son denigradas, discriminadas y estigmatizadas, de manera tácita o explícita se les niega el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, lo que redunda en exclusión y marginación que se agudizan cuando se trata de prostitución callejera”.