Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2019.- Es necesario que este año se cristalice la Ley que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos en Michoacán, con la idea que ésta pueda verse reflejada en los paquetes económicos municipales y estatal para el ejercicio fiscal 2020, apuntó el diputado Erik Juárez Blanquet, integrante de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador recordó que uno de los compromisos asumidos por las diferentes fuerzas que integran la actual Legislatura, fue sacar adelante una norma que sea efectiva y que regule los sueldos y percepciones de todo servidor público en Michoacán, por lo que es necesario aterrizar este asunto una vez que arranque el nuevo periodo de sesiones.
“Estamos en el momento justo para sacar el tema y lograr que en la elaboración de sus presupuestos para el próximo año municipios y estados se ajusten a los criterios en materia salarial que contemple la Ley”.
Erik Juárez Blanquet apuntó que en la actualidad aún existen municipios en donde los funcionarios de primer nivel simulan sus percepciones a través de “compensaciones” o “apoyos”, aunque celebró que la mayoría de ayuntamientos no caen ya en este tipo de prácticas.
Recordó que en noviembre de 2018 presentó una iniciativa de Ley para regular las remuneraciones de los servidores públicos, misma que permanece a la espera de ser dictaminada para someterse a consideración del Pleno, por lo que hizo votos para que esto pueda darse este mismo año.
“El momento para sacar este tema ahora es el idóneo, ya que el próximo año, a estas alturas estaremos en vísperas de que arranque el proceso electoral federal y local, y con ello que la correlación de fuerzas para sacar adelante este tipo de temas cambie”.
Refirió que existe una gran diferencia en los incrementos salariales entre ayuntamientos michoacanos, por lo que es necesario que la norma establezca con toda claridad y efectividad que el aumento salarial anual de los servidores públicos del Estado tenga como tope máximo el porcentaje del incremento del salario mínimo profesional determinado para la zona geográfica correspondiente a nuestro Estado.