- La iniciativa tiene la finalidad de garantizar servicios médicos seguros, gratuitos y sin discriminación, respetando el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2024.- En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y garantizar su acceso a servicios de salud de calidad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo presentó una iniciativa para armonizar la Ley de Salud del Estado de Michoacán con la reciente reforma que permite la interrupción legal del embarazo, aprobada el pasado 11 de octubre.
El legislador recordó que la Constitución, en su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Asimismo, enfatizó que la interrupción legal del embarazo, además de ser un derecho reconocido, también es una cuestión de salud pública que requiere un marco normativo que proteja a las mujeres.
“Este es un paso histórico que reivindica la lucha de las mujeres por su derecho a decidir sobre su cuerpo y que marca un hito en la garantía de sus derechos”, afirmó Ocampo Córdova.
La iniciativa presentada busca:
- Garantizar un marco seguro y confidencial para las mujeres que accedan a la interrupción legal del embarazo.
- Establecer protocolos claros y servicios de salud de calidad para la atención de las mujeres, sin discriminación alguna.
- Impulsar campañas de información y sensibilización sobre los derechos reproductivos y las opciones disponibles para las mujeres.
“Es nuestra responsabilidad como legisladores asegurar que las mujeres cuenten con acceso a servicios de salud seguros y respetuosos de su autonomía y dignidad. Al aprobar la interrupción legal del embarazo, debemos también construir el andamiaje jurídico para que este derecho sea accesible para todas, sin distinción de raza, religión, situación social o económica”, concluyó Ocampo Córdova.
Con esta iniciativa, el también dirigente estatal del PRD reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar integral de las mujeres michoacanas, trabajando por un marco legal que garantice servicios universales y equitativos.