-Histórica la lucha en México por la participación y que ésta encuentre cauces en nuestro andamiaje legal
En México la participación ciudadana debe ser real y verse reflejada en la toma de decisiones, pero no a partir de actos de simulación que de fondo perpetúen el sistema político excluyente que ha prevalecido en el país, apuntó Adrián López Solís, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El líder de la bancada perredista subrayó que en el país y sus entidades federativas la apuesta no puede ser por la fragmentación política, lo que acabará minando nuestro sistema democrático aún en proceso de consolidación.
“Es histórica la lucha en México por la participación ciudadana y que ésta encuentre cauces en nuestro andamiaje legal para hacerla efectiva, real y poner a prueba de dudas su legitimidad, por lo que no podemos como representantes populares, con decisiones a capricho, minar ese esfuerzo de millones de mexicanos para ver reflejado por la vía legal sus derechos de participación”.
Tomando como referencia la estadística del INEGI, Adrián López Solís refirió que en México 68.8% de los gobiernos estatales cuentan con espacios para la participación o la consulta ciudadana en temas de transparencia, el 62.5% los tienen en temas de vigilancia y/o denuncia de servidores públicos, el 71.9% los tiene en materia de contraloría, el 40.6% en obra pública, el 62.5% en desarrollo social, y el 40.6% en servicios públicos, por mencionar algunos.
«Los rubros en los que hay menores espacios para la participación ciudadana son en el diseño de nuevas disposiciones normativas, tránsito, ecología y servicios públicos, y es ahí donde como diputados debemos trabajar en normas que amplíen el abanico de incidencia ciudadana”.
Integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, López Solís señaló que se debe ahondar en la legislación para una mayor y más efectiva participación ciudadana, ya que buscar que exista fuera de la norma no sólo implica simulación y falta de vinculación legal, sino una abierta mofa al camino recorrido históricamente por los mexicanos para hacerla efectiva en nuestras leyes.