Morelia; Michoacán, 8 de febrero de 2017.- En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal; así como al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, realicen estudios de impacto ambiental sobre el uso de cañones antigranizo.
Lo anterior, a efecto de determinar su regulación o la prohibición en su caso, de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley de la materia, tomando en cuenta la opinión de las diferentes dependencias, Federales y Estatales, así como la opinión de organismos públicos y privados.
El dictamen elaborado por las diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Rosalía Miranda, Juanita Noemí Ramírez y Adriana Hernández, sostiene que en Michoacán el granizo ha causado daños a la actividad agrícola, principalmente en las zonas de Uruapan, Acuitzio del Canje y Tacámbaro, que han obligado a los productores a buscar mecanismos para mitigar las pérdidas, mediante la utilización de cañones antigranizo.
Sin embargo, el ruido es una las consecuencias negativas de su operación afectando la calidad de vida de las personas expuestas a este contaminante, provocando efectos sobre la salud auditiva, física y mental; así mismo repercute en el medio ambiente, al provocar modificaciones en el ecosistema y alteración de los fenómenos meteorológicos.
De igual forma, se conoce que para el funcionamiento de los cañones, se utiliza gas acetileno un componente químico altamente inflamable, que por su utilización se considera una actividad de alto riesgo.
En ese sentido, se destaca la necesidad de establecer criterios en relación a la utilización o prohibición en su caso, de los cañones antigranizo, considerando las ventajas o desventajas que estos producen, mediante estudios realizados por expertos de organismos, asociaciones e instituciones públicas y privadas, para que su uso esté basado en información certera y científica que pueda disipar las dudas y consecuencias que se generan, y que traen consecuencias a la población.
Cabe señalar que la Propuesta de Acuerdo fue presentada ante el Pleno por el diputado Guadalupe Aguilera Rojas, y turnada a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, para su estudio, análisis y dictamen.