El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves enviará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que en esencia tiene el propósito de garantizar elecciones limpias y libres; la aplicación plena de la democracia para que la ciudadanía elija a sus representantes y se procure la participación de todas y todos los mexicanos.
“Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. (…) No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes”, argumentó.
En conferencia de prensa matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que la propuesta del Poder Ejecutivo incluye:
- Reducción del número de diputados y senadores plurinominales.
- Reducción del financiamiento a los partidos políticos.
- Reducción del costo de las elecciones.
- Implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.
“Los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para que finalmente se instaure, se normalice la vida democrática con la participación directa de los ciudadanos”, enfatizó.
El titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, detalló que se busca materializar los cambios a la legislación a través de 18 artículos constitucionales y 7 transitorios.
Destacó que, de aprobarse, representarán un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, con base en los cálculos del gasto que se realiza actualmente.
“Se busca básicamente hacer más barata la democracia en nuestro país; es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, de infraestructura y de educación”, refirió.
A partir de la reforma a la ley se creará el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por ciudadanos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales elegirá el pueblo de México de manera directa en el primer domingo de agosto.
En sustitución del actual órgano electoral, este nuevo modelo proyecta una reducción de los consejeros del INE —11 en la actualidad— a siete de manera directa.
El titular de la Agencia Nacional de Aduanas expuso que la propuesta impulsa la federalización de las elecciones para que desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como los tribunales electorales locales.
La Cámara de Senadores se reducirá a 96 representantes y, en el caso de la Cámara de Diputados, se prevé que pase de 500 a 300 integrantes.
“Vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país”, acotó.
En los Congresos locales también habrá una disminución; se establecerá un rango mínimo de 15 y un máximo de 45 diputados locales con base en el número de población de las entidades federativas.
Esta propuesta contempla la reducción de integrantes de los ayuntamientos al establecer un límite de hasta nueve regidores de forma proporcional a la población de cada municipio.
Eliminará el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales; también habrá una reducción de los tiempos en materia electoral en radio y televisión.
Se propondrá que la participación ciudadana sea del 33 por ciento en la consulta de Revocación de Mandato para que sea vinculante.
Se creará una legislación única en materia electoral, es decir, la existencia de un solo instrumento normativo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, sostuvo que este modelo dará al país un sistema electoral seguro, que respete el voto y garantice la honradez y legalidad.
“Estamos en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresa y ningún poder económico puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular”, expresó.