Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2019. El diputado Fermín Bernabé Bahena promovió una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, con la intención de evitar que el reparto de espacios en la dependencia esté sujeto a compromisos de carácter político.
Al presentar su iniciativa ante el Pleno del Congreso de Michoacán, el legislador emanado de Morena subrayó la necesidad de abatir los vicios políticos que dijo encontrar en el Registro Civil, pero no solo eso, sino también trabajar en la profesionalización del servicio que ahí se ofrece.
“En los últimos años se han realizado reformas de gran calado en nuestro estado, se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Mejora Regulatoria entre muchas otras, y no es posible que actualmente en áreas del Gobierno del Estado como lo es la Dirección del Registro Civil de la Secretaría de Gobierno, se mantenga como un espacio para generar el pago de compromisos políticos”, justificó el diputado local por el Distrito 10.
Bernabé Bahena resaltó que, ante la existencia de lagunas constitucionales en la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán, la dirección de la dependencia y puestos operativos de la misma están siendo ocupados por personal sin un perfil idóneo.
“La Ley Orgánica del Registro Civil en su artículo 19 establece que para ser oficial del registro civil preferentemente tendrá nivel profesional, lo que lo convierte en una argucia para que pueda obtener este espacio cualquier persona, sin el perfil adecuado; recordemos que la propia ley les faculta para tener fe pública y además de que sus atribuciones y responsabilidades impactan a todos los ciudadanos de nuestro estado, razón por la cual, proponemos la profesionalización real de quienes ocupan esta alta responsabilidad, así como de quienes aspiren a ésta”, enfatizó.
Dirigiéndose a las y los integrantes de la LXXIV Legislatura, el diputado morenista emitió un llamado para trabajar en el diseño de leyes que pongan freno a la burocratización de las dependencias gubernamentales, al reparto de puestos por acuerdos políticos y a la inoperancia de los funcionarios que responden por las necesidades de las y los michoacanos.