Revocación de mandato, una oportunidad democrática.

Uno de los debates públicos relegados por el sistema presidencialista y de partidos en México ha sido la revocación de mandato.
La destitución de un gobernante que contravenga al derecho y a la legalidad, parece una oportunidad para confirmar la vocación democrática del régimen político mexicano, pero también, el mayor desafío para la democracia contemporánea.
A la luz de los hechos que revelan la actuación deshonesta y desleal a la confianza de la ciudadanía por los gobernantes, implicados en casos de corrupción, la destitución del cargo toma preponderancia, antes los actos depredadores que lastiman las finanzas públicas y el patrimonio gubernamental de los estados y municipios.
Quizá una de las razones que sostengan a éste tipo de sistema político, sea por uno de los rasgos más distintivos del presidencialismo latinoamericano y mexicano: son fijos los periodos por los que se eligen y votan a los gobernantes.
No obstante, a diferencia de otros regímenes como son los parlamentarios, donde los parlamentos conforman el gabinete y pueden llamar a elecciones anticipadas, México sostienen un sistema presidencial que impide consolidar procesos que propicien una mayor cultura democrática en la sociedad.
La ausencia normativa en la Constitución Política de ésta figura jurídica, entraña lo conflictivo y polarizadora que puede llegar ser el debate en la vida pública nacional, y en el propio Congreso de la Unión, donde en ocasiones han jugado un papel como protectores de actos de impunidad política.
Evidentemente, el primer paso será que el debate parlamentario se coloque en el centro de las prioridades el tema de la revocación del mandato; y en un segundo punto, que las Cámaras de Diputados y Senadores la aprueben; y finalmente, que se determine quién o quienes deberán juzgar al indiciado: si es la judicialización del proceso o simplemente la revocación mediante las instancias electorales.
Con la sistémica cultura creciente de la corrupción en el país, uno de los grandes retos del futuro para la democracia mexicana, será lograr la destitución en funciones de los gobernantes y representantes populares, antes que expire el tiempo por el cual fue elegido, en caso de comprobarse, actos que contravengan a la ley.
El 2018 es buen momento para abrir el debate político nacional. De reincorporar procedimientos jurídicos y políticos en la norma constitucional, para sancionar de forma enérgica una de las causas que más han dañado a México como es la corrupción.