Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2019.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), consolida el trabajo conjunto y de corresponsabilidad social, en materia de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos, emprendido con los industriales que operan en la entidad.
Durante el encuentro sostenido este miércoles con Ricardo Bernal Vargas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), Ricardo Luna García, titular de la Semaccdet, mencionó que el sector ambiental del Gobierno local y el gremio industrial requieren del desarrollo y la aplicación de medidas para la prevención, contención y remediación del impacto adverso que experimenta el medio ambiente por las actividades humanas.
Con esta finalidad, afirmó, la Semaccdet se encuentra en la plena disposición de generar la sinergia y las rutas de trabajo para implementar mecanismos y acciones tendientes a favorecer el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las industrias asentadas en la entidad, así como la sanción a las empresas infractoras o que se mantengan en la irregularidad.
Asimismo, la adopción de esquemas, servicios y productos que posibiliten la reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo por las industrias, a la par que eficienticen su funcionamiento y mejoren su rentabilidad y productividad, como el empleo de paneles solares o de gas natural.
Por su parte, Bernal Vargas señaló que se precisa de un diagnóstico pormenorizado de la condición ambiental de Michoacán, seguido por el despliegue de acciones de mitigación de daños adicionales a las ya existentes, como programas permanentes de reforestación, campañas sobre el cuidado del agua, migración a la iluminación LED en las redes de alumbrado público e inversión en energías limpias.
Además, propuso fortalecer el Programa de Verificación vehicular, la certificación de industrias limpias y ambientalmente responsables, la creación de estímulos fiscales para las empresas en cumplimiento de la norma y la integración de la iniciativa privada a la toma de decisiones en torno del manejo de los recursos económicos procedentes de pagos de multas y penalizaciones por violaciones a la legislación ambiental.