Sería un error de parte del Gobierno Federal poner fin a las Zonas Económicas Especiales, por representar éstas una posibilidad viable para el desarrollo de las diferentes regiones del país, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Ante la noticia de que en dos meses la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará la determinación final sobre el futuro de las Zonas Económicas Especiales, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro consideró que ésta no es una decisión que el Gobierno Federal debe tomar unilateralmente, sin dialogar y escuchar lo que los estados de la República opinan al respecto.
“Sería grave que en México se opte por una política selectiva de desarrollo, favoreciendo sólo un par de regiones y desprotegiendo al resto; la responsabilidad del Estado Mexicano es para con todos los mexicanos”.
Araceli Saucedo Reyes recalcó que las Zonas Económicas Especiales son un mecanismo para buscar el desarrollo, integradas en un área geográfica donde se ofrece un entorno de negocios propicio a través de beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura competitiva, programas de apoyo, estímulos y condiciones preferenciales.
“En nuestro país en las dos últimas décadas se han venido realizando esfuerzos para dar viabilidad a la operación de las Zonas Económicas Especiales, dando pie a un marco normativo federal para su operación, lo que derivó en que estados como Michoacán generarán sus propias leyes secundarias en la materia”.
La líder del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local puntualizó que para Michoacán es prioritaria la permanencia de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas, ya que el puerto es la puerta de entrada de América Central hacia la unión comercial de Asia-Pacífico, que es la economía y el mercado más importante del mundo debido a que en su conjunto representa el 46% del comercio global.
“Michoacán cuenta ya con un andamiaje jurídico que le permita coordinar los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para lograr con éxito el desarrollo de la Zona Económica Especial, esfuerzo construido por años y que no debe desaparecer por decreto bajo razones de coyuntura política”.